Año 2005 y son éstos últimos quienes en conjunto con la derecha opositora, se encargan de perfeccionar dicha ley con un punto que se le escapo al dictador, incorporando la figura del financiamiento al terrorismo, o asociación ilícita terrorista.
Año 2010 , y en plena celebración del bicentenario nos encontramos con que dicha ley tiene como eje principal de su aplicación la criminalización de un pueblo, cuya motivación de actuar, entre otras, es la recuperación de tierras ancestrales usurpadas por el Estado Chileno, en lo que la historia oficial nombra la “Pacificación de la Araucanía”.
Según la ley, son terroristas; “los delitos de homicidio, lesiones, secuestro (encierro, detención retención de una persona en calidad de rehén y/o sustracción de menores), envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento”, siempre y cuando ocurran en las siguientes circunstancias; “Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie” eso en cuanto a la definición del concepto, el siguiente punto es la base en la que se sustenta toda la ley; “Se presumirá la finalidad de provocar dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario”. Literalmente el Estado tiene el poder de presumir la intención con la que se origina un acto de tales características, conformando una política unilateral una vez llegado el juicio. Es así como la “ley maldita” evidencia que lo que en última instancia se busca castigar es lo que origina el acto, llevándolo a lo concreto, actos que son consecuencia o van en función de luchas sociales.
Al basarse la categorización de terrorista desde lo subjetivo, queda claro que el acto pasa a un segundo plano, ya que lo que impera es la interpretación hegemónica, el razonamiento que hace el Estado en contra de todo aquello que dificulte o ponga en cuestión dicho razonamiento, pues toda la parafernalia judicial posterior, solo buscará probar aquella interpretación o manipulación previa.
Eso no es todo, aún hay otra sorpresa. En el artículo 15 de la misma, y en relación a los testigos sin rostros se menciona, entre otras, que el fiscal puede aplicar la siguiente medida; “a) que no conste en los registros de las diligencias que se practiquen sus nombres, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, pudiendo utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos. Ante lo anterior no hay más que decir, tal vez poner un ejemplo empírico el cual evidencia lo que dicho artículo posibilita; El 16 de Agosto de 2004, son sentenciados a 10 años de cárcel 11 comuneros mapuche, bajo el cargo de incendio terrorista al predio Poluco-Pidenco, ocurrido en Diciembre de 2001, en donde se validó como terrorismo la utilización de piedras y hondas en un enfrentamiento con carabineros. Fuera del absurdo de lo anterior, el día 18 de Agosto del mismo año, el diario electrónico “El Gong” de Temuco publica un documento emanado del Ministerio Público en el que se consignan los pagos realizado por dicho ministerio a cada uno de los testigos de cargo, con un total de casi 20 millones de pesos. Cabe mencionar que el predio Poluco-Pidenco es propiedad de Forestal Mininco S.A. donde figura como socia y/o accionista Patricia Matte, que entre otras muchas sillas de directorios de empresas, se acomoda también en la del canal católico, cuyo padre, Eliodoro Matte Ossa, fue uno de los gestores del golpe de Estado de 1973 junto con Agustín Edwuards.
En chile se discrimina, se persigue, se allana, se encarcela, se viola, se tortura y asesina, ¡VIVA CHILE MIERDA!.
No hay comentarios:
Publicar un comentario